La primera norma europea dedicada a un cultivo, la Ley del olivar, comenzó el pasado 2 de Marzo su trámite en el Parlamento con el rechazo rotundo de PP e IU, que exigieron a la Junta que elabore un nuevo texto. La mayoría socialista tumbó las enmiendas a la totalidad de la oposición, aunque la consejera de Agricultura, Clara Aguilera, aseguró estar abiertos al diálogo con los grupos para mejorar una norma que pretende poner fin al déficit en la comercialización y acabar con la ruina de los agricultores por los bajos precios del aceite en origen.
El presidente provincial y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, José Enrique Fernández de Moya, ha analizado en Jaén el proyecto de Ley del Olivar y ha dicho en primer lugar, “que carece de memoria económica” y, en segundo lugar, “que no aporta nada sobre los dos factores de modernización que necesita el olivar jiennense, el binomio irrenunciable del dinero y el agua”.
“Si no hay soporte presupuestario, si no hay memoria económica y si no se ha casado o conjugado la Ley de Aguas con la Ley del Olivar, mal empezamos en el diseño del presente y el futuro del sector en Jaén y en Andalucía”, ha comentado.
“El olivar de Jaén, durante estos años, se está jugando su presente y su futuro –ha dicho-, y sabemos ya perfectamente que el señor Zapatero y el Partido Socialista han perdido el liderazgo en la Unión Europea, no pintan nada en el seno de la Comisión Europea; no defienden a nuestro olivar, que está pasando por una de sus peores crisis, sobre todo, desde el punto de la rentabilidad de las propias explotaciones agrarias, debido a la caída de los precios, moviéndonos en unas variables del precio en origen del aceite de entre 1,65 y 1,75 euros por kilo”.
El dirigente popular ha recordado que “hemos solicitado insistentemente al Partido Socialista, que exigiera ante las instancias comunitarias, como consecuencia de la grave perturbación del mercado, la puesta en marcha del mecanismo del almacenamiento privado, al tiempo que garantizase un mínimo del umbral de rentabilidad de 2,40 euros por kilo”. Pero ha advertido que “el PSOE, como consecuencia de esa pérdida de liderazgo en el seno de la Unión Europea, no ha impulsado la puesta en marcha del mecanismo de ayudas”.
El diputado popular José Enrique Fernández de Moya, parafraseando algunos de los argumentos de Asaja, aseguró que el texto "no sirve para nada", lo tachó de "inconcreto" y criticó que carezca de memoria económica -el dinero procede de la UE y ahora se está negociando la PAC-. Desde IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo apostó por que las ayudas se vinculen al empleo, se prohíban las mezclas de aceite y haya unos precios mínimos de garantía. Francisco Garrido, de COAG, lamentó que la ley no intervenga en los precios ni fije unos "contratos mínimos" de costes de producción.
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